¡Síguenos!La Fiscalía acusa a la empresa de facilitar el uso de identificaciones fraudulentas para contratación.
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Dos gerentes y 48 empleados de una compañía ubicada en Carolina del Sur fueron detenidos por autoridades federales de Estados Unidos como resultado de una investigación de casi dos años relacionada con presuntas infracciones migratorias, informó este jueves la Fiscalía estatal.
Los arrestos se realizaron el miércoles en la manufacturera Burnstein Von Seelen Precision Casting, ubicada en Abbeville, una ciudad situada al suroeste de Charlotte. La investigación pone el foco en la facilidad con la que inmigrantes indocumentados obtenían documentos de identificación falsificados mediante presuntos “vendedores de documentos” distribuidos en distintas zonas del estado.
De acuerdo con la acusación, la empresa habría permitido de manera consciente que trabajadores indocumentados utilizaran identificaciones fraudulentas para acceder a empleos dentro de la compañía. Los gerentes Christopher Douglas Ramey y Sandy Lynn Willis enfrentan cargos por no verificar adecuadamente la autenticidad de los documentos presentados durante los procesos de contratación y por facilitar el uso de identificaciones presuntamente falsificadas.
Además, al menos 48 empleados fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el operativo.
Las acciones forman parte de la investigación denominada ‘Ghost Story’ (Historia de fantasmas), iniciada en otoño de 2024 con la participación de agencias estatales y federales. Como parte del caso, también fueron arrestadas personas acusadas de vender documentos fraudulentos, entre ellos licencias de conducir estatales, tarjetas de Seguro Social y otras identificaciones.
Según las autoridades, algunos de esos documentos incluían fechas de nacimiento y números de Seguro Social pertenecientes a ciudadanos estadounidenses.
“Si usted está prestando ayuda ilegal a inmigrantes indocumentados en Carolina del Sur, será investigado y procesado con todo el rigor de la ley”, declaró el fiscal de Carolina del Sur, Alan Wilson.
Durante una conferencia de prensa, Wilson sostuvo que los delitos imputados “no solo roban empleos a los trabajadores estadounidenses, sino que también representan un grave riesgo para la seguridad nacional”.
Por otra parte, organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionaron la redada. Jace Woodrum, director ejecutivo de la ACLU de Carolina del Sur, afirmó que la operación ha generado temor dentro de la comunidad migrante y señaló que recopilan información para determinar si existieron posibles violaciones a los derechos de las personas detenidas.
